Especialistas cuestionaron las conclusiones de la Comisión Multisectorial para el caso de La Oroya, en las que recomiendan que el Ejecutivo otorgue un plazo de 20 meses para que la empresa Doe Run Perú, titular del complejo metalúrgico de La Oroya, culmine la construcción del proyecto “Planta de Ácido Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre”, parte del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
El economista José de Echave lamentó que la comisión recomiende favorecer a Doe Run cuando no hay garantías de que esta empresa vaya a cumplir. “Mientras que no haya rentabilidad de la empresa ¿cómo garantizar que Doe Run va a cumplir esta vez? No hay banco que esté dispuesto a otorgarle créditos”, dijo a LA PRIMERA.
Agregó que el gobierno ha reducido el problema de La Oroya a la construcción de una planta cuando la situación abarca muchos aspectos. “Recordemos que el Estado peruano ha sido acusado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por desproteger la salud de los pobladores de La Oroya”, refirió.
El ex miembro de la Comisión Técnica de La Oroya de la Red Muqui, Juan Aste, opinó que la única solución posible para el caso Doe Run es que la junta de acreedores de la empresa se haga cargo del complejo metalúrgico.
Aste afirmó que los “informes técnicos” que Doe Run utiliza para asegurar que ha reducido sus niveles de contaminación pertenecen a la misma empresa, por lo que carecen de credibilidad, pues “los únicos informes válidos son los de Osinergmin y Digesa”.
Leonardo Caballero
Redacción
